viernes, junio 13, 2008

Congresista Espinoza presentó Proyecto de Ley 2515 Creación del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales
PWLIMA,PERU.- El actual Ministerio del Ambiente no es un organismo fiscalizador ni sancionador, funciones que fueron olvidadas por el Gobierno en su Decreto Legislativo 1013. Por esta razón es que la parlamentaria Marisol Espinoza Cruz con el respaldo de congresistas de su bancada, presentaron recientemente el Proyecto de Ley 2515, que plantea la creación del "Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales". "A diferencia del Ejecutivo, este proyecto sí plantea darle funciones de fiscalización y de sancionar. Es una propuesta integral y eso está claramente establecido. Pero además estamos incorporando al INRENA, por eso el nombre de Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales", explicó la parlamentaria nacionalista. De acuerdo al proyecto presentado, el Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales será responsable de la formulación, aprobación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del Medio Ambiente. Debe compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo sostenible. También le correspondería fiscalizar el cumplimiento de las normas, de los instrumentos de gestión ambiental y de los estándares de calidad ambiental, imponiendo las sanciones correspondientes. El proyecto de ley contempla como una tarea del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales "promover la participación ciudadana informada, sin manipulación de información para la construcción de una ciudadanía ambiental. Asimismo debe fomentar mecanismos de transparencia respecto a la información medio ambiental y de recursos naturales". Igualmente plantea la creación del Tribunal de Controversias Ambientales, como un organismo descentralizado del ministerio, que tendrá por finalidad resolver las controversias entre el Estado, las comunidades y el sector privado. Marisol Espinoza Cruz, también destacó que se está planteando como parte de su estructura al Consejo de Participación Ciudadana, que tendría como función promover la consulta ciudadana dentro de las comunidades directamente afectadas por la exploración y explotación de los recursos naturales y el Estado. Investigación La legisladora Marisol Espinoza Cruz, indicó que en el proyecto se está planteando que el Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con la autoridad de Salud, promuevan la investigación científica permanente en materia de epidemiología ambiental. Así como la realización de estudios e investigaciones sobre el ambiente, con la responsabilidad de difundirlos. Justificación El proyecto de ley, justifica la creación de este ministerio en el Informe Extraordinario N° 2 de la Defensoría del Pueblo, sobre Conflictos Mineros Socioambientales por actividades extractivas en el Perú, donde indica que durante 17 años "El Estado no ha conseguido desarrollar adecuadamente las bases de gestión ambiental. Sin política ambiental, sin información sobre la calidad ambiental, estándares ambientales suficientes y adecuados, un sistema nacional de evaluación de impacto ambiental operativo y procedimientos de participación ciudadana eficaces, resulta sumamente difícil construir la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para proteger su espacio vital" Adicionalmente, se sustenta con el Informe del Banco Mundial 2006, que coloca en la agenda una cifra que ha pasado inadvertida para los medios de comunicación, pero que refleja la realidad de la degradación ambiental que afecta a nuestro país 3.9% del PBI, mientras crecemos entre 6% y 8%. Además, también se sustenta en los elevados niveles de contaminación como por ejemplo los pobladores de Cerro de Pasco, cuyos hijos conviven con el plomo en la sangre a niveles por encima de los permisibles. El 97% de los niños de la Oroya entre 6 meses a 6 años, tienen concentraciones de plomo en la sangre por encima de los niveles de seguridad según la Universidad de Sain Louis (EE.UU.). El proyecto presentado, también se sustenta citando casos de vulneraciones de derechos humanos, falta de fiscalización y de información transparente sobre el medio ambiente.

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