viernes, junio 06, 2008

Comisión de Vivienda llegará el lunes a Piura
para analizar tráfico de tierras
(PWLIMA,PERU,06,2008).-
"El círculo empieza a cerrarse para los traficantes de tierras pues a las investigaciones que hemos promovido por parte de la Contraloría y los ministerios de Vivienda y Agricultura, le sumaremos la de la Comisión de Vivienda del Congreso a efectos de conformar una comisión investigadora que encuentre a los funcionarios corruptos y se les sancione".
Así lo expresó el congresista Jhony Peralta Cruz quien anunció que este lunes 9 estará en Piura junto al Presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso, Julio Herrera Pumayauli para reunirse a las 10.0 a.m. con los integrantes de la Asociación de Propietarios Afectados por el Estado (APAE) y se de inicio al proceso para conformar una comisión investigadora en el Congreso de la República.
Peralta Cruz señaló que las denuncias presentadas por APAE y respaldadas por él ante distintos organismos requieren celeridad en las investigaciones "pues ya escandalosa la forma como algunos ex funcionarios del Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) y SUNARP, exhiben signos exteriores de riqueza a partir del tráfico de tierras que no es otra cosa que despojar ilícitamente de sus propiedades a decenas de ciudadanos"; remarcó.
Tal como lo denunciara la prensa local, el despojo de cientos de hectáreas de tierra se inició en el ex PETT, donde los corruptores buscaban documentación como los registros catastrales, con los cuales luego acudían a los Registros Públicos y los inscribían a su favor también valiéndose de mecanismos irregulares; finalmente terminaban como dueños de un terreno que no les pertenecían.
"El parlamentario dijo que sobran evidencias que llevan a pensar que la información para despojar de sus tierras a los verdaderos propietarios, habría salido del propio Ministerio de Agricultura; donde los traficantes compraban información sobre la disponibilidad de los terrenos; luego y de manera irregular; tramitaban ante el ex PETT documentación falsa que terminaba en la Gerencia Regional de Registros Públicos (SUNARP) con la inscripción de un título de propiedad fraguado.

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